El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó este miércoles 51 denuncias contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, su madre, y una corporación, relacionados a violaciones a la Ley de Contribuciones y perjurio.
De la totalidad de las denuncias, 24 son contra Nogales Molinelli.
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La vista contra la representante recesará por cinco días tras la determinación de la jueza Iraida Rodríguez.
La decisión de la jueza se da luego de que la defensa de la representante, José Andreu Fuentes, solicitara que la jueza se inhiba del proceso, al señalar que fue la magistrada quien emitió una orden de registro de las cuentas bancarias de la legisladora y su madre, y que tuvo contacto con sus planillas, que se obtuvieron de manera ilegal.
Por su parte, el fiscal Ramón Mendoza Rosario expresó a su salida del tribunal que la alegación no es más que una estrategia de la defensa de la legisladora.
“Quien no puede ganar, pospone. Es una estrategia sumamente conocida, dilato para ver cómo recupero porque estoy bien atrás", indicó Mendoza.
Más temprano, la representante calificó como una “patraña” la radicación de cargos por parte del PFEI.
“En ocasiones es necesario que ocurra un proceso injusto para desenmascarar a las instituciones que ya no nos sirven. La Oficina del Fiscal especial Independiente se apresta a presentar una patraña. Una patraña que fabricó hace casi un año. Una patraña solicitada por Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental. Yo estoy bien segura de que es una patraña. Muchos quieren mi cabeza y además, se sienten atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidados por su verticalidad”, expresó Nogales Molinelli cuando conoció que el PFEI iría contra ella.
“Cuando presenté mi autoreferido no podían creerlo. No había ni siquiera un procedimiento. Pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y a diferencia de otros 38 legisladores que sí pudieron enmendarlo, a mí no se me permitió”, añadió.
El PFEI anunció hace más de un año la designación de un fiscal para investigar a la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
El curso legal de la pesquisa se inició tras formalizarse tres querellas ante el Departamento de Justicia por parte de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
En ese momento, la denuncia alegaba que la representante dejó de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales. La información que se vierte en el Informe Financiero de la Legislatura se presenta bajo pena de perjurio.
En marzo del 2022, el Departamento de Justicia recomendó al PFEI la designación de un fiscal especial.
Según se informó en comunicado de prensa, el DJ concluyó que existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir información en un Informe Financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
