El gobernador Pedro Pierluisi expresó sentirse dolido este martes en una conferencia de prensa tras la alegación de culpabilidad en el Tribunal Federal por parte de sus primos, Walter y Eduardo Pierluisi, presuntamente relacionado a fraude con fondos federales.
Pierluisi manifestó que tan pronto su administración detectó posibles irregularidades tomaron acción y le cancelaron los contratos a la empresa de sus primos. El primer ejecutivo recalcó que en cualquier familia “alguien puede fallar” pero que lo importante es que se respondiera ante la situación.
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“Me apena la situación porque son primos míos. Pero me molesta de igual manera. Porque toda corrupción es reprochable. Todo acto de corrupción es repudiable, venga de donde venga, incluyendo de mis familiares. Me apena porque estamos hablando de familia, pero aquí no hay excepciones. Lo he dicho y lo repito, aquí en Puerto Rico no hay impunidad. El que falla tiene que responder”, dijo el gobernador quien alega no ha sostenido comunicación con sus primos.
Se espera que tanto Walter como Eduardo Pierluisi se declaren culpables este jueves por un supuesto esquema de fraude de poco más de 4 millones de dólares de programas federales. Según el gobernador, las autoridades federales han tomado jurisdicción del caso y se harán cargo de recuperar el dinero de ser necesario.
“No tengo el detalle. Hay que ver si las autoridades federales exigen la restitución. He visto informes periodísticos que hablan de que se va a restituir el dinero. Si eso es así es positivo, así debe ser. Yo favorezco la restitución, pero otra vez, esto no está en manos de las autoridades estatales porque estamos hablando de fondos federales en programas federales”, añadió el mandatario.
Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, habló sobre las razones por las cuales se les canceló el contrato a las firmas de los primos del gobernador.
“Una vez comenzó el proceso de investigación y el proceso de solicitud de documentos, producto del allanamiento que se hizo en las oficinas, nosotros evaluamos toda la documentación que fue recopilando y entregando al gobierno federal y fue evidente de un incumplimiento de contrato por parte de esos documentos que se recopilaron que llevaba en unas contrataciones en particular que requerían el consentimiento de la Administración de Vivienda Pública, el consentimiento expreso no se dio. Al no darse, constituyó una violación inmediata al contrato y tomamos la determinación de cancelarlo, a la vez que había una investigación federal en curso de carácter criminal y se tomó la determinación de cancelar de manera inmediata el contrato y comenzar un proceso de transición”, dijo Rodríguez.
Explicó que se dieron cuenta de las irregularidades al someter los documentos solicitados por las agencias federales.
