El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, anunció este martes la presentación de tres medidas legislativas, para eliminar la discreción de los jueces en algunas instancias de la Ley de Violencia Domestica, y el aumento en el salario de los jueces.
El Proyecto de Administración 104 enmienda varios artículos de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, y la Ley 99-2009, según enmendada, conocida como Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica, para establecer que el tribunal no tendrá discreción para imponer el grillete electrónico en los casos relacionados con libertad bajo fianza, de maltrato agravado y mediante restricción a la libertad y agresión sexual conyugal.
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Además, se recoge en este proyecto de ley la más reciente orden del Poder Judicial a los efectos de que las vistas en alzada- en casos de violencia doméstica – sean pautadas para una fecha que no excederá de tres días laborables y se establece la obligatoriedad para que el Programa de Servicio con Antelación al Juicio (PSAJ) establezca con claridad las zonas de exclusión en su informe, que son los lugares a los que no se puede acercar la persona a quien se le restringe su libertad de movimiento por encontrarse bajo supervisión electrónica.
El Proyecto de Administración 105 enmienda tres artículos de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, que permiten el diligenciamiento electrónico como método supletorio. El proyecto establece que una vez una de la parte peticionada ha sido notificada personalmente de que existe una orden de protección exparte en su contra y que hay un señalamiento de vista o de que ha sido presentada una petición en su contra y hay señalada una vista para atenderla, será prueba suficiente del diligenciamiento una certificación electrónica de la gestión realizada afirmada por un alguacil o agente del orden público. Asimismo, se admitirá la certificación electrónica de diligenciamiento como prueba acreditativa suficiente de que la notificación personal establecida en la Ley en contra de una parte peticionada fue debidamente diligenciada. Igualmente, ordena que una vez un juez determine extender una orden de protección, será suficiente la notificación por un alguacil o agente del orden público utilizando los medios electrónicos autorizados por virtud de Ley, eliminando así la obligación de llevar a cabo una notificación personal a la parte agresora.
Finalmente, el Proyecto de Administración 106 procura ajustar los salarios anuales de los jueces del Tribunal General de Justicia. Los salarios ajustados entrarían en vigor retroactivamente al 1 de julio de 2023 y están financiados por fondos asignados en la Resolución Conjunta 39-2023 del Presupuesto del Año Fiscal vigente 2023-2024.
En el caso de la jueza presidenta del Tribunal Supremo el salario propuesto será de $154,556 el de los jueces asociados del Tribunal Supremo será de $144,480 y el de los jueces del Tribunal de Apelaciones será de $130,579. Mientras, el salario de los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia será de 118,133 dólares y el de los jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia $91,974.
