La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Comisión de los Puertos de Mayagüez. El Informe revela que se pagaron de forma indebida $101,637 por enmiendas a contratos con vigencia retroactiva.
Contrario a la Ley 237-2004 sobre los Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales, la Carta Circular 2012-01 del Departamento de Justicia, la Carta Circular OC-15-03 de la Oficina del Contralor y a opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Junta se apartó de las disposiciones citadas, no protegió los intereses de la Comisión y autorizó enmiendas a los contratos con carácter retroactivo.
La auditoría de un hallazgo señala que la Comisión registró y remitió a la Contraloría de Puerto Rico, cinco enmiendas por valor total de 147,000 dólares, hasta cuatro meses después de haberse formalizado. Esta situación contraria a las leyes y normas vigentes, impidió, entre otros efectos, que las enmiendas estuvieran disponibles a la ciudadanía como documentos públicos en el Registro de Contratos.
Este es el segundo y último informe de la Comisión de Puertos de Mayagüez y cubre el periodo del 13 de agosto de 2013 al 30 de junio de 2016, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
