El portavoz de la Coalición Pro Consentimiento Informado, Adrián Díaz, dijo este jueves que el grupo radicará un recurso legal para intentar detener la Orden Ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, que obliga la vacunación a los empleados públicos.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
“Vamos a presentar un recurso legal porque no ha habido manera de discutir el asunto con el secretario de Salud por más que hemos tratado de hacerlo. Hay que presentar el recurso para que el tribunal analice la situación. El argumento es de salubridad y de que esto no es lo único que se puede hacer contra el virus.”, indicó Díaz en entrevista por Radio Isla 1320 AM.
"Es inconstitucional forzar a un ser humano e inmoral, y parece que en Puerto Rico ya la moralidad no existe, de tu obligar a un ser humano a utilizar un producto en su cuerpo, que es lo más íntimo.”, añadió.
El miércoles, el gobernador ordenó mediante la Orden Ejecutiva 2021-058 que a partir del 16 de agosto las agencias del gobierno requieran a todos sus empleados que trabajen de forma presencial estar debidamente vacunados contra el COVID-19.
Se estima que unos 27,000 empleados públicos aún no se han inoculado.
Igualmente, a través de la Orden Ejecutiva se hacen recomendaciones a los municipios, a la Rama Judicial y a la Rama Legislativa, así como a patronos privados. Lee más aquí.
