La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR), Linda Ayala, pidió cuentas el lunes sobre la regulación de los Intermediarios de Beneficios de Farmacias, conocidos como PBM’s.
La solicitud -según se indicó- se realizó cuatro años después de la aprobación de la Ley 82-2019 que busca regular a estos intermediarios, pero que aún no se ha implementado.
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“Luego de más de 10 años para aprobar la ley, y cuatro años después de su aprobación, no se ha logrado regular a los PBM’s. Esto continúa encareciendo el sistema de salud en la isla”, indicó Ayala en declaraciones escritas.
El Tribunal federal solicitó la realización de un estado actuarial sobre el impacto de la ley en el plan de salud del gobierno VITAL, así como el desarrollo de un plan de trabajo por el Departamento de Salud. Además, el Tribunal pidió que, tras estos estudios, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico se reúna con la Comisión de Salud cameral para la determinación presupuestaria.
La Junta de Control Fiscal rechazó los estimados del gobierno sobre el costo de la implantación de la ley, calculado en $475,131.47. Los PBM’s y los PBA’s, intermediarios en los beneficios de farmacia, continúan sin regulación, a pesar de su rol en la negociación de los servicios y los costos de medicamentos.
“Urge actuar ya que ninguna agencia del país tiene jurisdicción para pasar juicio sobre las acciones de los PBM’s en menoscabo de pacientes y los proveedores de salud como las farmacias de la comunidad”, añadió Ayala. “Hacemos un llamado urgente para que se actúe con premura para regular el PBM cuyas prácticas afectan a pacientes y farmacias”, concluyó.
