Las Comisiones de Turismo y Bienestar Social y de Salud, presididas respectivamente por los representantes Néstor Alonso Vega y Juan Oscar Morales Rodríguez, analizaron el lunes, el Proyecto de la Cámara 1180, para establecer un método para la protección, el tratamiento y la rehabilitación de las personas sin hogar, que según el Conteo de Personas sin Hogar realizado en enero de este año alcanza las 2,535.
“La medida legislativa tiene como propósito establecer un procedimiento especial eficaz para identificar, orientar y brindar tratamiento de emergencia a aquellas personas sin hogar que, por su condición de salud física o mental deteriorada, o por su dependencia a sustancias, no tienen la capacidad para solicitar y obtener los servicios de salud y rehabilitación necesarios que le permitan recuperar su salud y reintegrarse a la sociedad”, indicó el representante Lassalle Toro en comunicación escrita.
Según datos de esta investigación que realizó el Sistema de Cuidado Continuo en la Isla, la cifra representa un descenso en comparación con el 2017, que alcanzaba las 3,501 personas, sostienen que la baja puede deberse a la migración de miles de puertorriqueños hacia los Estados Unidos.
Del proyecto se desprende que a pesar de haber transcurrido casi 20 años desde la aprobación de la Ley 250-1998 que buscaba implantar la política pública dirigida a atender el problema de las personas sin hogar y crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública relativa a las Personas Sin Hogar, “es muy poco lo que se ha logrado adelantar en el esfuerzo para mejorar la situación de estas personas en Puerto Rico”.
Según estadísticas presentadas en la medida, de la autoría del representante Félix Lassalle Toro, cuatro de cada diez personas sin hogar son adultos mayores de 50 años y el 76% son hombres. Así también se desglosa que el 31% de estas personas atraviesan por un cuadro de “deambulismo crónico” ya que ha deambulado continuamente por un año o más, o ha tenido cuatro episodios o más de deambulacia en los últimos tres años.
Al ser entrevistados, el 54% indicó que era su primer episodio de deambulancia, un 30% señaló que están en las calles por abuso de drogas o alcohol y el 15% dijo que atravesaban por problemas financieros o económicos.
Los números captan la realidad que muchas veces se ha discutido de que los problemas mentales redundan en otros problemas sociales. El 34% de los deambulantes entrevistados contó haber sido diagnosticado con alguna con alguna condición de salud mental y el 27% afirmó que sufre de alguna condición de salud crónica como diabetes o enfermedades del corazón.
A esta vista pública compareció, Cruz Rafael Caraballo, de la Administración de Servicios de Salud Mental (ASSMCA), agencia que presentó reservas ante la medida y recomendó que se cite a los Sistemas de Cuidado Continuo, que son los organismos involucrados en proveer los servicios a las personas sin hogar. De modo que “se realice un estudio más profundo de las implicaciones de la presente medida legislativa para de esta forma diseñar e implementar un protocolo adecuado que pueda prevenir y ayudar en la creación de un procedimiento para la protección, tratamiento y rehabilitación de las personas sin hogar en Puerto Rico”.
A renglón seguido, la licenciada Coraly Vegilla, en representación del Departamento de la Familia (DF), señaló que “avala aquellas medidas que propicien la provisión de mayores herramientas para erradicar situaciones como la deambulancia en Puerto Rico. Sin embargo, entendemos que la atención y el servicio a prestar le corresponde a ASSMCA y al Departamento de Salud, entidades gubernamentales que cuentan con la pericia y los recursos fiscales para trabajar en beneficio de esta población”.
Puerto Rico
Veguilla sentenció que, según su ley orgánica y los fondos federales que reciben, la línea de emergencia que manejan se concentra en casos de maltrato a menores y personas de edad avanzada, por lo que sería ASSMCA quien tiene la responsabilidad de atender a las personas sin hogar cuando es paciente de salud mental.
De otro lado, el licenciado José Santo Domingo Vélez, director del Área de Oficiales Examinadores, de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), mostró reservas hacia la medida, a la vez que recomendó que ante todos los procedimientos en los que se incurra para atender a esta población, se busque que los familiares asuman los costos de los servicios. Esto, porque las agencias pueden estar atravesando un conflicto de interés al entrar en funciones de recobro por los servicios ofrecidos al deambulante. Además, comentó que los costos de servicios de rehabilitación, que en la mayoría de los casos duran un periodo de 90 días, pueden afectar las arcas públicas.
A pregunta del representante Morales, las agencias reconocieron que es necesario que se establezca un protocolo uniforme para trabajar de forma interagencial con esta población de manera que se agilicen los servicios a estas personas. Estas expresiones fueron secundadas por el representante Alonso Vega.
Mientras que el Departamento de Salud, sometió un memorial concediéndole la deferencia de comentar al Departamento de la Familia (DF), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), y la Administración de Seguros de Salud (ASES), siendo las agencias que trabajan directamente con esta población.
