Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió este jueves una acusación contra Martín Scamaroni Cintrón por supuestas violaciones de lavado de dinero relacionadas con fondos obtenidos de manera fraudulenta del Seguro de Desempleo y Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia, anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG) y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico (Hacienda).
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Según la acusación, Scamaroni Cintrón participó en una conspiración de lavado de dinero para obtener transferencias electrónicas de fondos (ETF) que contienen pagos de Seguro de Desempleo (UI) y Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA) de varios estados, así como los ingresos de los préstamos de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA) que no calificó y autorizado para recibir en sus diversas cuentas bancarias que tiene en Puerto Rico.
Las solicitudes de UI y PUA se presentaron de manera fraudulenta a nombre de otras personas, quienes nunca solicitaron beneficios de UI y PUA o préstamos de la SBA, pero las solicitudes utilizaron la cuenta bancaria y los números de ruta del demandado. Scamaroni Cintrón transfirió a sabiendas estos ingresos obtenidos ilegalmente para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y los ingresos.
Además de la conspiración de lavado de dinero, Scamaroni Cintrón también fue acusado de dieciséis cargos sustantivos de lavado de dinero. Desde aproximadamente mayo de 2020 hasta enero de 2021, la cantidad de beneficios y préstamos obtenidos de manera fraudulenta asociados con la actividad de lavado de dinero del demandado totalizó aproximadamente $361,683.
Los Fiscales Federales Auxiliares (AUSA) Víctor Acevedo y Manuel Muñiz Lorenzi están a cargo de la acusación del caso. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero, una multa de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.
