Bajo el argumento de que quedaron “igualmente divididos”, los jueces asociados del Tribunal Supremo determinaron en la tarde del viernes, mantener la sentencia del Tribunal de Apelaciones, sobre la Universidad de Puerto Rico y la apertura del Recinto de Rio Piedras.
“Por estar igualmente divido el Tribunal, expedimos el recurso de certiorari solicitado y se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones”, expone la sentencia emitida por los jueces asociados del Tribunal Supremo.
La votación fue de tres jueces a favor, tres en contra y tres que se inhibieron o no participaron. Según el record del Tribunal, los jueces asociados Mayte Oronoz Rodríguez, Anabelle Rodríguez Rodríguez, Ángel Colón Pérez estaban de acuerdo con acoger la moción de auxilio de jurisdicción y el recurso de certiorari a favor de la UPR.
De otra parte, el juez asociado Edgardo Rivera García no intervino, mientras que los jueces asociados, Rafael Martínez Torres y Luis Estrella Martínez se inhibieron. Por lo tanto, los jueces Eric Kolthoff Caraballo, Mildred Pabón Charneco y Roberto Feliberti Cintrón objetaron la solicitud de la UPR en cuanto a la moción de auxilio de jurisdicción.
En la mañana del viernes, la UPR radicó el recurso bajo el alegato de que se le hacía “imposible” cumplir con la orden de apertura del campus. El pasado 5 de mayo, el Tribunal de Apelaciones emitió una orden para que los portones de la UPR en Río Piedras se abrieran el 11 de mayo.
Del mismo modo ordenaron continuar con las labores académicas conforme al calendario educativo vigente; permitir el libre y seguro acceso al recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades, así como evitar que se impida de alguna manera seguir estas directrices.
Al no cumplir con la orden emitida, la jueza Lauracelis Roques, del Tribunal de San Juan, multó a principios de semana con cinco mil dólares más mil dólares diarios si continuaba la UPR en desacato.
Puerto Rico
Posteriormente, emitió una orden para que el lunes, tanto la renunciante rectora del Recinto de Rio Piedras, Carmen Haydée Rivera, como la presidenta interina, Nivia Fernández Hernández comparecieran al Tribunal de Primera Instancia, con la advertencia de que podrían cumplir cárcel si se mantiene el campus cerrado.
La demanda contra la UPR la radicaron 5 estudiantes de la escuela de Derecho que solicitaron a la Corte ordenar a la UPR garantizar el acceso al Recinto y continuar con el calendario académico.
