Tras la investigación del Equiopo T sobre la cancelació del contrato de las fotomultas, la directora de la Oficina de Etica Gubernamental ordenó una pesquisa para corroborar si mediaron presiones políticas indebidas durante la implantación del Sistema SIMONE.
A solo tres meses de su implementación, el Gobierno suspendió el programa piloto de las fotomultas y canceló el contrato con la compañía seleccionada, por las quejas del proceso de revisión. ¿Cuanto le costó esto al pueblo de Puerto Rico?
