La Junta de Supervisión Fiscal aprobó hoy, unánimamente, el recorte de jornada laboral de empleados públicos que estaría vigente desde el 1 de septiembre 2017 a junio de 2018.
Según la Junta, el gobierno se quedó corto por $218 millones en los recaudos, por lo que la medida es necesaria. A los empleados del gobierno se les quitaría dos días de trabajo al mes.
La Directora de la Junta, Natalie Jaresko, informó que por el momento, no se eliminará ni reducirá el Bono de Navidad. Esta medida sería evaluada en septiembre.
Durante la reunión, el representante del gobernador ante la Junta, Christian Sobrino, declaró que el gobierno no recortará la jornada laboral.
"Reduciremos el tamaño del gobierno porque queremos y necesitamos hacerlo, no por una imposición", sostuvo Sobrino, quien prometió que se cumplirá con todo lo establecido en el Plan Fiscal aprobado.
"Han cumplido con muchas de las condiciones, pero lamentablemente no con todas", respondió Carlos García al insistir en la necesidad de la reducción de jornada.
En conferencia de prensa, el presidente de la JCF José Carrión tercero, dijo que si el gobierno insiste en no cumplir con la imposición y la controversia se dilucida en los tribunales, el panorama de reducción va a cambiar.
Puerto Rico
"Si se alarga el tiempo y esto no se pone en vigor el primero de septiembre, tendremos que alargar los días de recorte de jornada", declaró Carrión tercero.
Truenan los líderes sindicales
La Federación Central de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores repudiaron la aprobación del recorte a la jornada laboral y el proyecto que enmienda los sistemas de retiro del gobierno y de los maestros.
El presidente de la FCT, Andrés Lloret Gutiérrez, y el de la UGT, Gersón Guzmán López, advirtieron que las familias trabajadoras no olvidarán jamás estas estocadas que afectarán el bienestar de muchas personas y terminarán por sepultar la economía puertorriqueña.
“No vamos a olvidar el 4 de agosto como la fecha en que la Junta de Control Fiscal impuesta y el gobierno actual, atentaron contra la capacidad de sustentar adecuadamente nuestras familias y tener una vejez digna. La Junta de Control Fiscal y el gobierno sacrifican la salud, el bienestar y la economía puertorriqueña por satisfacer el pago a unos bonistas cuya legalidad de la deuda es totalmente desconocida”, declaró Lloret Gutiérrez mediante declaraciones escritas.
Por su parte, el presidente de la UGT, Gersón Guzmán López, catalogó como “inmorales” a todos los miembros de la JCF, por imponer una reducción en la jornada laboral mientras “gastan millones largos de nuestro pueblo, otorgan contratos a diestra y siniestra y se recrean en lujos como reyes de un pueblo de la edad media”.
Rechazan legislación de sistemas de retiro
“Nosotros no podemos avalar una medida de esta naturaleza que constituye un 401-k sin ninguna fuerza y que pone en riesgo el dinero del retiro al pasarlo al fondo general, o sea, para alimentar las barrigas de los bonistas. Ello porque pone el poder del dinero de retiro en la Junta de Control Fiscal y del gobierno para usarlo a su antojo al traspasarlo directamente a las arcas de Hacienda”, manifestó el presidente de la FCT.
Lloret Gutiérrez dijo que “todo nos lleva a desconfiar dado que la Junta de Control Fiscal y el gobierno pueden usar el dinero de retiro para los pensionados cuando lo reciban directamente en las cuentas de Hacienda porque fácilmente pueden desviarlo para cuadrarle a los bonistas o cualquier otro asunto”.
Mientras, Guzmán López mencionó que no hay una garantía para los empleados porque todos aquellos que hayan comenzado a trabajar a partir del 2014, les aplicará la nueva legislación que se espera sea aprobada hoy para pasar a firma del gobernador.
“El gobierno le echa la culpa a la Junta de Control Fiscal, pero lo cierto es que no han sido lo suficientemente transparentes. Para las familias trabajadoras debe quedar claro que tanto la junta como el gobierno tienen la culpa en este nuevo atentado contra nuestro bienestar”, sostuvo el líder de la UGT.
Desde el lunes, la UGT y la FCT estuvieron en el Capitolio en visitas a los legisladores para plantear la perversidad que implica esta medida, pero le dieron la espalda a los trabajadores y trabajadoras, con algunas honrosas excepciones que votaron en contra.
Tanto la UGT como la FCT continuarán sus procesos de cabildeo y otras acciones en afirmativas defensa de las familias trabajadoras.
