La jueza superior del Tribunal de San Juan, Waleska Aldebol Mora, determinó el miércoles que es ilegal la llamada Aportación Empresarial Municipal (AEM), creadas mediante las Ordenanzas Municipales 28 y 37 del Municipio de Caguas.
“Por los fundamentos expresados, se declaran NO HA LUGAR las solicitudes de desestimación y de sentencia sumaria presentadas por el Municipio de Caguas, y se declara HA LUGAR la moción de sentencia sumaria de los Demandantes. En consecuencia, se determina que la Ordenanza 37, según enmendada por la Ordenanza 2, es ilegal y/o ultra vires. Habiéndose decretado la invalidez de esta ordenanza por los fundamentes expuestos en esta Sentencia Sumaria, se hace innecesario pasar juicio sobre los argumentos de derecho que AT&T y DIRECTV presentaron a base de la Cláusula de la Supremacía de la Constitución de EE.UU., el Internet Tax Freedom Act y la Ley Federal de Telecomunicaciones”, reza la orden de la jueza superior.
Del mismo modo, se le ordenó al Municipio “la devolución de cualquier pago de la Aportación Empresarial Municipal realizados por los demandantes”.
El pasado 10 de julio, la empresa Caguas Expressway Motors radicó una demanda contra el Municipio de Caguas, en la que le solicita al Tribunal que declare “ilegal, inconstitucional y/o ultravires” las Ordenanzas 28 y 37 sobre la llamada Aportación Empresarial Municipal (AEM).
Demandaron además las empresas Costco Wholesale Corporation y ATT Mobility.
“El asunto aquí es de alto interés público, ya que este impuesto no solo afectaría a Caguas Expressway, sino también afectaría a un sinfín de empresas situadas en el Municipio que generan un volumen de negocios igual o mayor de tres millones de dólares”, expuso el licenciado José Rodríguez Robles, del bufete Marichal, Hernández, Santiago y Juarbe, en representación del concesionario de autos.
Según la demanda, el impuesto le costaría a Caguas Expressway Motors $1,876,026 en 4 años.
La llamada Aportación Empresarial Municipal (AEM) se implantó en el Municipio de Caguas, como consecuencia de la determinación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de recortarle escalonadamente $350 millones en subsidios a los municipios, como parte del Plan Fiscal, que fue certificado por la Junta de Control Fiscal.
