La jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de San Juan, ordenó este viernes la entrega del Informe Preliminar sobre el almacén de suministros en Ponce.
El Gobierno tiene hasta el martes, 3 de marzo, a las 2:00 p.m., para entregar el documento sellado para que el Tribunal determine si procede o no la divulgación del mismo.
"Aún cuando el Estado no cumplió con su carga probatoria de forma detallada e inequívoca los privilegios reclamados, al haberse certificado por los representantes legales de las parte demandada que ese Informe Preliminar contiene información confidencial, con la inspección en cámara este Tribunal podrá evaluar si en efecto el documento contiene la alegada información de naturaleza confidencial y podría distinguir entre materia privilegiada y aquella no privilegiada", lee la Resolución.
La determinación se da luego de que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandara el pasado 7 de febrero a la gobernadora Wanda Vázquez, como representante del Gobierno de Puerto Rico.
"El incumplimiento con lo anterior podrá conllevar desacato civil", advirtió la jueza.
Justicia volvió a negarse
El Departamento de Justicia presentó el jueves una moción para evitar entregar a la Cámara de Representantes el infome sobre el almacén de suministros en Ponce.
El miércoles, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, dio a Justicia y al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) 24 horas para entregar los documentos.
En el escrito sometido, se le solicita al Tribunal que exima a los funcionarios de la producción de dicho documento dado a que el informe solicitado por la Comisión Especial forma parte de la información recopilada por el Departamento de Justicia en una investigación en curso, el mismo es confidencial y no puede ser divulgado por disposición de ley.
“Ha sido la propia Asamblea Legislativa quien ha restringido, sin excepción alguna, la confidencialidad de la información recopilada por el Departamento de Justicia como parte de una investigación en curso. Reconocer y mantener la confidencialidad del expendiente investigativo no limita o perjudica de manera alguna el que la Comisión Especial lleve a cabo su propia investigación, cite a los funcionarios que entienda necesarios para cuestionarles y llegue a sus propias conclusiones para obtener conocimiento de la legislación que sea necesaria adoptar para enfrentar problemas futuros con el manejo de suministros. Es por esto que sometemos al Tribunal que ordenar la entrega del informe es contrario a derecho", sostuvo la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.
“Establecer que la Asamblea Legislativa puede intervenir en investigaciones en curso del Departamento de Justicia sería una clara violación a la separación de poderes y permitiría la intervención indebida de una rama sobre los poderes de otra. Por tanto, esperamos que el Tribunal acoja nuestros planteamientos para hacer valer el ordenamiento constitucional de separación de poderes. Concluir lo contrario, sería reconocer que ahora una comisión legislativa podría convertirse en una entidad de “law enforcement” o de cumplimiento de ley, permitiéndole así usurpar los poderes constitucionales delegados a la Rama Ejecutiva", concluyó.
