El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó este miércoles, que la enfermera y dueña de la institución de salud mental Hogar la Nueva Familia San Judas Tadeo, Mayra Pérez Oyola, fue encontrada culpable de homicidio negligente por la muerte de la paciente de 20 años, Jaydie Nicole Álvarez, a quien restringió físicamente y le retiró abruptamente los medicamentos en el hogar para pacientes de salud mental antes mencionado.
“Este caso dramatiza los resultados extremos e irreversibles del maltrato y la negligencia institucional sobre un paciente. La decisión del jurado le hace justicia a una joven de 20 años, fallecida a causa de la actuación criminal de su cuidadora. Confiamos que el veredicto de culpabilidad sirva de advertencia a todas las personas e instituciones que brindan servicios de salud, en este caso de salud mental, sobre las consecuencias legales de faltar a sus deberes con los pacientes. Esperamos que sirva, además, de disuasivo contra el fraude en la prestación de los servicios médicos necesitados por las personas más vulnerables e indefensas”, dijo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.
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Explicó que el juicio contra Pérez Oyola culminó anoche con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado que evaluó el caso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Las fiscales Brenda Rosado Aponte y Janice Maymí Camacho, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés), presentaron 31 testigos y 46 piezas de evidencia a lo largo de 18 días de vistas que duró el proceso. La lectura de sentencia fue programada para el próximo 12 de febrero.
“La paciente fue objeto de maltrato y negligencia por parte de la persona que recibió la encomienda de asistir en su tratamiento con miras a lograr su recuperación y rehabilitación. Privar a una paciente de libertad de movimiento y aislarla son actos extremadamente crueles; cuando se le suma la retirada abrupta de los medicamentos recetados, se configura una acción criminal y punible. Gracias al trabajo comprometido de las fiscales y agentes que trabajaron en el caso, los responsables de un deceso prevenible y vicioso como el de Jaydie Nicole Álvarez, pagarán por sus actuaciones, contrarias a sus funciones como proveedores de servicios y de sus obligaciones como operadores de una entidad de cuido de pacientes”, agregó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.
Ambos funcionarios reconocieron la excelente labor de las fiscales y la agente a cargo del caso. “Era un caso complejo en términos probatorios y demostraron su gran capacidad y compromiso. Les hicieron justicia a la víctima y a su familia”, añadió Emanuelli Hernández.
La investigación fue iniciada por el sargento Alexander Carrasquillo y el agente Michael Figueroa del Negociado de la Policía. Posteriormente, fue conducida por la agente investigadora de MFCU, Tania Mora Pagán y las fiscales Brenda Rosado Aponte y Janice M. Maymí Camacho, a raíz de un referido del Departamento de la Familia a MFCU, unidad dirigida por el fiscal Luis Freire Borges.
Los investigadores concluyeron que la directora y dueña del mencionado hogar, quien tiene la licencia de enfermera vencida, mantuvo restringida y aislada a Jaydie Nicole Álvarez, y además ordenó la retirada abrupta de los medicamentos recetados para tratar la condición de salud mental de la joven bajo su cuidado. Con esta acción creó un riesgo sustancial que derivó en la muerte de la paciente.
La selección del jurado comenzó mayo y el juicio en julio de este año.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de 980,092 dólares para el año fiscal federal 2023-2024. El 25 por ciento restante, que totaliza $326,693.79 para el año fiscal 2023-2024, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.
