El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó la demanda radicada por un colectivo de gimnasios, contra la Gobernadora, que perseguía excluir el cierre de estos espacios como parte de la Orden Ejecutiva.
En la demanda presentada por Max Fitness Morovis, Inc. y otros, expresaron que no se justificaba el cierre de los gimnasios, al no haber evidencia de que fueran focos de contagio de COVID-19.
La defensa de Wanda Vázquez Garced solicitó al Tribunal desestimar la demanda, lo que el cuerpo le concedió debido a que esta tiene la autoridad, aprobada por la Legislatura para crear la Orden ejecutiva y explicó:
"surge de la normativa constitucional aplicable que ante un estado de emergencia
provocado por la propagación pandémica de un coronavirus novel, para la cual la información y los criterios científicos se desarrollan continuamente y de manera dinámica, el Estado tiene amplia latitud para tomar decisiones de política pública y establecer clasificaciones económicas como las que se impugnan en el caso de epígrafe. Si bien es cierto que este poder del Estado no es ilimitado y está sujeto al escrutinio judicial, solo procedería invalidar una medida o actuación gubernamental que afecte derechos económicos si se demuestra que ésta es claramente arbitraria y que no existe interés legítimo o racional alguno para su promulgación".
La demanda por parte de los operadores de gimnasios fue radicada el 25 de julio, luego de que en la orden ejecutiva del 17 de julio la Gobernadora ordenara el "cierre total de 24 horas a discotecas, cines, salas de concierto, salines de juego, teatros, casinos, gimnasios, bares o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, el cual no esté autorizado a operar durante la vigencia de esta orden".
En su defensa, la Gobernadora mencionó que en las pasadas semanas el gobierno había revertido fases de reapertura comercial y actividades debido al alza en casos de COVID-19.
Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.
