Wanda Vázquez Garced

En la tarde este martes.

La exgobernadora enfrenta cargos federales por corrupción.

Ciudadanos truenan contra la petición porque hace unas semanas buscaba recaudar dinero para su defensa.

El experto en el tema, Fernando Fernández, señaló su falta de espontaneidad.

Estiman que litigar un caso en el tribunal federal puede costar más de $500,000.

El representante Ángel Matos reacciona a la petición.

Su portavoz asegura que lo hacen por “su trayectoria en el servicio público, su valentía y su aportación al pueblo durante toda su vida”.

Podría asistir la vista sobre las denuncias contra el Departamento de Justicia.

“Esta comparecencia es indelegable,” dice la carta.

“Yo escuché que van a intentar citarla a través del tribunal, pero ¿qué van a provocar? Cualquier abogado le recomendaría a su cliente que no se incrimine”.

Presidente de la Comisión de lo Jurídico anticipó que no descarta ir al tribunal para exigir que acuda a la cita.

Licenciada explica que podría tratarse de información “sensitiva” que puede afectar los derechos del acusado o terceros y por eso fiscalía la somete bajo ese nombre.

Luego de que la exgobernadora informara que no comparecerá, la Comisión de lo Jurídico asegura que su testimonio es “relevante”.

En relación a una investigación sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia, entre otras agencias de ley y orden, en el manejo de casos criminales.

Sobre controversias con suministros para damnificados de los terremotos del 2020 y represalias contra la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos.

Sobre supuestas intervenciones de políticos en la distribución de alimentos para los damnificados de los terremotos.

Federales le acusaron de conspiración, soborno y fraude electrónico.

Betzaida Quiñones dijo que recibió instrucciones de paralizar el proceso.

Los abogados defensores alegaron que el gobierno no contaba con la autorización adecuada para allanar las cuentas electrónicas de donde se obtuvieron los datos.

Sus abogados señalaron que la fiscalía incautó conversaciones que incluyen información personal y privilegiada.