Luis Báez Rodríguez, exdirector de campaña del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, y quien fue el primer testigo de la fiscalía en la vista preliminar, dijo este viernes en el programa de la periodista Milly Méndez en Día a Día que demandará al suspendido alcalde de Ponce por difamación.
Su decisión se debe a las alegaciones de Irizarry en su contra, sobre que le había robado dinero a otros empleados.
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También denunció persecución política contra su esposa y amigos. "Los han perseguido. Para mis amigos mantenerse en el municipio como empleados no pueden saber de mí. Esas personas han tenido que verse conmigo a escondidas. Mi esposa fue trasladada dos veces sin razón alguna. En dos empleos que tuve, el alcalde llamaba para que me sacaran", abundó.
Este dijo además estar arrepentido de haber contribuido a que el imputado saliera electo en el 2020, en otra entrevista para WKAQ 580.
"[Me siento] culpable de haber llevado una persona tan mezquina al poder. De eso, Luis Báez “Oso” se siente culpable. De haber defraudado la ciudad. De haber puesto un canalla en el poder", expresó.
"Ya hacen varias semanas empezó a salir la verdad de quién es [el alcalde]. Cómo miente, cómo engaña a la gente y de lo que es capaz. En el camino saldrán más cosas. Pero de lo único que Luis Báez es culpable es de haber llevado un mezquino al poder….ya la gente se está dando cuenta”, añadió.
Además, Báez Rodríguez acusó al alcalde ponceño de ser un "mentiroso compulsivo".
“De lo que he dicho, no puedo decir que robó. Sí puedo decir que es un mentiroso compulsivo”, finalizó.
Báez testificó el jueves que inicialmente, el funcionario estaba sufragando de su bolsillo los gastos de su campaña, pero cuando se limitó económicamente, solicitó un préstamo personal de $50,000.
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De esos $50,000, Irizarry Pabón le habría entregado $30,000 a Báez para que los depositara en una cuenta de ahorro. Mientras los $20,000 restantes, los utilizó para gastos personales, de los cuales $6,000 los iba a separar para contratar un detective privado, porque entendía que su esposa le estaba fallando.
Luego que Irizarry Pabón resultara electo, le hizo un acercamiento a su director de campaña sobre la forma en que iba a tener que pagar el préstamo, ya que estaba corto del dinero para cumplir con esas obligaciones.
“Nos [llama a la oficina] y nos deja [a los empleados] saber que él ahora cobra mucho menos, y que hay que buscar la manera de resolver el pago del préstamo...Al préstamo que se hizo en el 2019, que él durante el 2019 y 2020 lo pagaba. En el 2021 [dijo] que cobraba mucho menos, que no podía pagarlo”, aseguró en sala.
Además, Báez habló sobre una reunión en el restaurante La Casita del Chef en Ponce, que tuvo el alcalde con el empresario convicto, Oscar Santamaría, quien le dio un donativo de $5,000 en efectivo para gastos de la campaña.
EN CONTEXTO
El PFEI investigaba desde abril del 2023 al alcalde tras la recomendación del Departamento de Justicia. El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia, en la que se alegó que el alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular Democrático (PPD) que laboraban en el municipio.
Según la denuncia, el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos.
En octubre del 2023, la jueza Adria Cruz determinó en su contra causa para arresto en todos los cargos, y se le impuso una fianza total de $20,000, $5,000 por cada cargo. Posteriormente, fue suspendido por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), cesando de inmediato sus labores como ejecutivo municipal.
El alcalde ponceño ha sido figura de controversia con el Partido Popular Democrático (PPD) en las últimas semanas, luego que incumpliera un acuerdo que daba como plazo el 28 de febrero para que renuncie a su candidatura a reelección si su proceso legal no se resolvía antes.
Irizarry Pabón no renunció y el PPD radicó una demanda en su contra para buscar la descertificación. Posteriormente la defensa del suspendido alcalde presentó un escrito ante el juez Anthony Cuevas, en las que estableció las razones por las que la querella debe ser desestimada, entre ellas, que su cliente firmó el acuerdo "bajo coacción."
Léelo aquí el acuerdo:
