Las autoridades federales ejecutaron en la mañana de este lunes siete órdenes de arresto en el área metropolitana, que incluye a empleados de muelles, por supuestas violaciones a ley federal contra el crimen organizado, conocido como RICO Act.
El pasado 11 de agosto, un gran jurado federal emitió una acusación contra el dueño de gerentes de la compañía JCPY, Inc., Pedro Pastrana González, su exesposa Kiara Clemente Rivera, y el presidente de ILA 1740, Carlos Sánchez Ortiz, por un esquema de extorsión que comenzó en el 2005.
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Según se informó, los acusados exigían ilegalmente un pago a las empresas navieras y los colectaban ilegalmente a un plan de beneficios para empleados denominado "Plan de Bienestar", el cual fue malversado por los miembros de la compañía. Los acusados amenazaban a las compañías con bloquear el acceso de los barcos mediante piquetes de miembros de la Unión ILA 1740 si no se pagaban las tarifas.
"Ellos les decían a las compañías pequeñas: O tu me pagas y si no me pagas, vas a tener que usar a empleados de la unión (ILA) para bajar y subir la carga a tus barcos, o te voy a bloquear los cargamentos. Esa es la amenaza. El esquema esta ‘backeado’ por el presidente de la ILA 1740. Si ustedes ven el Pliego Acusatorio, van a ver que hay mensajes de texto que explican básicamente como es que el presidente de la ILA ‘backeaba’ el esquema", explicó el fiscal federal, Stephen Muldrow, en conferencia de prensa.
"Las personas que iban a bloquear el cabotaje, iban a ser miembros de la ILA. La amenaza es que miembros de la unión iban a bloquear tu acceso al cargamento. JCPY es una compañía falsa (Sham, en inglés) creada para propósitos de extorsionar y meterle mentiras a estas compañías de cabotaje y recibir el dinero”, añadió.
El fiscal federal, Stephen Muldrow, explicó que, además, estas personas- que pertenecían al sindicato ILA 1740- también querían participar del Plan de Beneficios. Para esto, utilizaban parte del dinero que las compañías extorsionadas le daban y lo invertían en el plan. También, acreditaban horas utilizadas en los supuestos esquemas como tiempo trabajado, para poder cualificar
“También, tenían gente en otros puertos ponchándoles a ellos horas con las tarjetas, para poder acumular las 210 horas. Así que eran dos esquemas”, sostuvo el fiscal.
Según el pliego acusatorio, Sánchez Ortíz era amigo de Pastrana González, especialmente de su exesposa, a quien conocía desde la infancia.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow mencionó que Pastrana González y Clemente Rivera fueron ayudados en el esquema de extorsión, por el empleado de la Autoridad de los Puertos, Jorge Batista Maldonado y Sánchez Ortíz.
Asimismo, Víctor Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer fueron acusados por ayudar a falsificar información para acumular horas de trabajo para beneficiarse del plan de beneficios (lo que se conoce como chimbos).
La acusación contiene siete cargos:
- Conspiración contra la ley RICO (Hasta 20 años de prisión)
- Extorsión de la Ley Hobbs (Hasta 20 años de prisión)
- Conspiración para cometer fraude postal y electrónico (Hasta 20 años de prisión)
- Conspiración para violar la Ley de Relaciones Laborables (Hasta 5 años de prisión)
- Conspiración para cometer lavado de dinero (Hasta 20 años de prisión)
- Convertir fondos deliberadamente y falsificar registros del Plan de Bienestar (Hasta 5 años de prisión)
- Conspiración para cometer fraude a planes médicos (Hasta 10 años de prisión)
No todos los acusados enfrentan los mismos cargos. En total, se exponen a penas desde 5 hasta 20 años.
