El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concurrió con la determinación del Departamento de Justicia de no designar un FEI al alcalde de San Juan, Miguel Romero, tras alegaciones de que mantenía en nómina a empleados fantasmas mientras ocupaba el cargo de senador.
“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI. Más bien, la querella se basó en conjeturas y opiniones no confirmadas. De conformidad con lo expresado, se ordena el archivo definitivo de este asunto,” reza en su parte final la Resolución emitida por el PFEI.
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El PFEI ordenó el archivo por falta del quantum de prueba necesario de la querella ante su consideración sobre actuaciones de Romero Lugo.
"La investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia, no encontró causa suficiente para creer que el ahora alcalde hubiese incurrido en conducta delictiva en los procesos de reclutamiento y pago del personal de su oficina, entre otros asuntos", añade la comunicación.
La querella que activó el proceso investigativo fue presentada por la Sra. Raquel Evín Vélez Molina, quien fuera empleada del entonces senador en la Comisión de Gobierno y Asuntos Electorales.
Según la pesquisa preliminar de Justicia, Romero Lugo prescindió de los servicios de Vélez Molina cuando por decisión del Presidente Senatorial, dejó de presidir la referida comisión.
A raíz de este suceso, la exempleada alegó que en la oficina senatorial se mantenían como empleados fantasmas a ciertos contratistas y se manejaban asuntos políticos para adelantar la candidatura de Romero Lugo a alcalde.
De la investigación de la DIPAC, luego de entrevistar a múltiples testigos y recopilar evidencia documental, no surgió prueba que sustentara la alegada acción delictiva.
El PFEI añadió que los contratistas realizaban sus labores según pactadas contractualmente y que no se encontró evidencia de manejo impropio de propiedad o recursos públicos, como tampoco hubo testigos que sostuvieran haber recibido instrucciones políticas del senador.
