La empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. (“VIP Healthcare”), su presidenta Ivelisse Rivera-Padilla y su oficinista y tesorera, Carla Carrillo Torres, fueron acusadas este jueves por un gran jurado federal por quiebra fraudulenta, esquema de lavado de dinero, fraude al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y fraude bancario, anunció este jueves el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
“Los demandados utilizaron los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores. También usaron ilegalmente los fondos de ayuda de COVID para beneficiarse a sí mismos. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se mantiene alerta en el esfuerzo por hacer cumplir las leyes de bancarrota y castigar a quienes desviaron y usaron ilegalmente fondos críticos de COVID para su propio beneficio personal”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.
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Rivera Padilla, presidenta de VIP Healthcare, fue acusada en un esquema de quiebra fraudulenta y por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017, hasta mayo de 2022 para defraudar durante su procedimiento de quiebra. Además, está acusada de 10 cargos por ocultar activos durante su proceso de quiebra, y de tres cargos por hacer declaraciones falsas sobre dichos procedimientos de quiebra.
La acusación formal alega que durante el procedimiento de quiebra, Rivera ocultó bienes e ingresos y no reveló al síndico encargado del control de la propiedad del deudor y a los acreedores y al Síndico de los Estados Unidos todo el patrimonio de la quiebra durante el curso de su procedimientos de quiebra, incluidos, entre otros, la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare.
El o alrededor del 23 de junio de 2017, Rivera incorporó VIP Healthcare, y el o alrededor del 30 de junio de 2017, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño para administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento “Job Andujar”. El contrato otorgó a VIP Healthcare $1,134,000 pagados en cuotas mensuales de $189,000. Entre 2017 y 2022 se ejecutaron contratos adicionales entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño por un monto superior a $9 millones. Rivera accedió, controló y usó más de un millón de dólares de estos ingresos de las cuentas bancarias de VIP Healthcare para su uso y beneficio personal sin revelar dichos ingresos durante su proceso de bancarrota.
La acusación formal alega además que la mujer ocultó la compra de un apartamento ubicado en Condominium Golf & Playa, Cabo Rojo, Puerto Rico, por $270,000.00, y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo, Puerto Rico. Rico, por $275,000. También ocultó la creación y participación en otra entidad corporativa conocida como Farmacia Libertad, así como los ingresos de un negocio de alquiler de propiedades a través de AirBnB.
Rivera , Carrillo y VIP Healthcare enfrentan 28 cargos de lavado de dinero basados en transacciones individuales realizadas con fondos ocultos durante el proceso de quiebra. Estas transacciones se realizaron para comprar múltiples propiedades e inmuebles para ambas.
Además, Carrillo y VIP Healthcare están acusados por declaraciones falsas con relación a un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de $249,755.35.
Si es declarada culpable, Carrillo puede ser sentenciada a una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de un millón de dólares. Por cada cargo de lavado de dinero ambas enfrentan hasta 10 años de prisión. Además, Rivera también enfrenta hasta 5 años de prisión por cada cargo bajo bancarrota fraudulenta. VIP Healthcare enfrenta multas monetarias, entre otras sanciones, por cada cargo de condena.
“Junto con el fiscal federal Muldrow y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo el fraude y el abuso en los casos de bancarrota”, declaró Mary Ida Townson, fideicomisaria de los Estados Unidos para Georgia, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Región 21). El Programa de Fideicomisarios de Estados Unidos es el componente del Departamento de Justicia que protege la integridad del sistema de quiebras al supervisar la administración de casos y litigar para hacer cumplir las leyes de quiebras.
“Durante el curso regular de una investigación, el FBI brinda a las personas involucradas en actividades delictivas numerosas oportunidades para hacer lo correcto. Tal fue el caso de estos dos sujetos. El mensaje del FBI ha sido claro desde el primer día. Ven a nosotros antes de que nosotros vengamos a ti. Estamos comprometidos a investigar cada violación hasta su última consecuencia”, dijo Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.
El Fiscal Federal Auxiliar Especial José Capó Iriarte y el Fiscal Federal Auxiliar Especial José C. Díaz Vega de la Oficina del Síndico de los Estados Unidos están a cargo de la acusación de este caso.
El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y es una continuación de la investigación que involucra contratos municipales adjudicados en el Municipio de Cataño, que ha resultado en la condena de múltiples contratistas y funcionarios públicos.
