Organizaciones y grupos comprometidos con el que hacer agrícola se unieron este lunes para denunciar “el manejo inadecuado” de los fondos REGROW.
“Este programa, realizado con fondos CDBG-DR para la recuperación del huracán María, supone estar orientado a aumentar la producción de comida y aumentar la seguridad alimentaria de Puerto Rico. Se trata de unos 92.5 millones de dólares que podrían servir para garantizar comida para el pueblo, particularmente ante desastres. El impacto de María fue devastador para los y las pequeñas agricultoras que perdieron sus cosechas e implementos agrícolas así como, en muchos casos, sus casas”, afirmó Josie Pagán de la Asociación AGRO-MUJER en comunicación escrita.
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Añadió que “muchos agricultores colgaron los guantes pero muchos más continúan batallando, con el compromiso de seguir produciendo alimentos sanos y frescos del país para sus familias y comunidades”.
El Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, institución privada que podría facturar hasta 35% en gastos administrativos, junto al Departamento de la Vivienda "decidieron dar prioridad a los negocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados.", lee el comunicado de prensa.
Aseguran que requisitos relacionados a la titularidad de las fincas, así como a los ingresos y capacidad tecnológica de las empresas impiden que la asistencia llegue a las familias agricultoras de menos recursos económicos. Esto afecta, reclamaron, a más de la mitad de las fincas activas. Estas se ubican en la zona central y montañosa de la Isla y apenas generan un ingreso anual de $10 mil. Los grupos exigieron al Departamento de la Vivienda enmendar inmediatamente el contrato con el Fideicomiso y revisar las guías y los criterios del programa para garantizar el acceso equitativo a estos fondos.
Puerto Rico
En relación al Fideicomiso, los grupos denunciaron que no ha realizado actividades de alcance comunitario fuera del área metropolitana y recomendaron que este programa sea administrado por agencias públicas y organizaciones comunitarias experimentadas en el tema.
“Lo que está sucediendo con el programa Regrow no es una excepción. En la última década hemos sido testigo de cómo el Gobierno ha otorgado millones de fondos y cientos de cuerdas a grandes agro-empresas mientras reduce partidas y elimina programas que benefician a los pequeños agricultores, los principales motores de la agricultura del país. Así se enriquecen algunos, se empobrecen nuestras fincas y ponemos en riesgo la comida de todas las familias que viven en Puerto Rico”, afirmó Marissa Reyes de la organización Boricua de Agricultura Ecológica de Puerto Rico.
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“Tenemos propuestas claras para la modificación de las guías, incluyendo medidas para hacer el acceso más justo. Por eso, llamamos al Departamento de la Vivienda a reconocer el espacio de las pequeñas agricultoras en la mesa donde se toman las decisiones sobre la recuperación”, concluyó Jaqueline Pérez de la Fundación Bucarabón de Maricao.
Por su parte, Roberto Silva, portavoz del Congreso de Pescadores expresó que “a gran mayoría de los pescadores no han recibido ninguna ayuda post María y las Guías del Programa Regrow han sido excluyente en el lenguaje pues no se menciona a los pescadores ni al sector propiamente”.
Además, añadió que “este Programa es una oportunidad para el sector pesquero recibir fondos ya que en los pasados 25 años no se ha invertido en el sector de la pesca en nuestra isla”.
Las organizaciones unidas en pro de la Recuperación Justa para la agricultura son: Fundación Bucarabón de Maricao, los Centros de Apoyo Mutuo Jibaro de Lares y Bartolo, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Organización Agro-Mujer, Mujeres de Islas y el Congreso de Pescadores. Esta iniciativa de la Campaña de Recuperación Justa, es un esfuerzo facilitado por Ayuda Legal Puerto Rico e IDEBAJO para promover el acceso equitativo a los fondos de recuperación, la minimización de desplazamientos y la participación real y efectiva.
