La defensa sel suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, evalúa apelar la determinación del juez Rubén Serrano Santiago, quien denegó la petición para que el caso se vea en otra región.
El abogado José Andreu Fuentes alega que se puede poner en duda la imparcialidad del tribunal y la pureza de los procedimientos.La vista preliminar se pospuso. El próximo 1 de febrero, se verá una vista de conferencia.
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Irizarry Pabón enfrenta cargos por presunto enriquecimiento injustificado y alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
En octubre del 2023, la jueza Adria Cruz determinó en su contra causa para arresto en todos los cargos, y se le impuso una fianza total de $20,000, $5,000 por cada cargo.
Posteriormente, fue suspendido por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), cesando de inmediato sus labores como ejecutivo municipal.
Además, el líder municipal fue separado de todos sus cargos políticos, según determinó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz.
INVESTIGACIÓN
El PFEI investigaba desde abril del 2023 al alcalde tras la recomendación del Departamento de Justicia.
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) detalla que el alcalde Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia, en la que se alegó que el alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular Democrático (PPD) que laboraban en el municipio.
Según la denuncia, el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos.
Además, se alega la existencia de un esquema de “kick back”, mediante el cual el alcalde ponceño le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio.
"La trayectoria de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ha demostrado que la mayoría de los casos no prosperan cuando llegan al Tribunal y el caso en mi contra no será la excepción porque el fin es afectar mi futuro político. Mis abogados se encargarán de demostrar que esta investigación está motivada políticamente y basada en testimonios falsos, provenientes de personas que trabajaron para mi administración y que removí de sus puestos, por haber cometido irregularidades. Es lamentable que la OPFEI utilice fondos públicos para desarrollar una investigación que no es más que una agenda en mi contra, por haber despedido a los que le fallaron a mi confianza y a la del pueblo ponceño", sostuvo la semana pasada Irizarry Pabón, en declaraciones escritas.
